Este martes se tratará un proyecto de Exeni que busca que los bancos no puedan embargar los sueldos ni los bienes de los salteños por deudas existentes

Hoy en día el número de familias endeudadas es algo jamás visto y la situación parece no mejorar. Es por esto que el diputado provincial Omar Exeni presentó un contundente proyecto de ley para declarar la emergencia social y económica por endeudamiento de consumidores financieros en la provincia de Salta.

La iniciativa busca suspender durante un año los embargos, ejecuciones judiciales, subastas y medidas de desapoderamiento impulsadas por bancos y entidades financieras contra consumidores salteños, mientras se establece una instancia obligatoria de conciliación y refinanciación de deudas.

“Hoy hay trabajadores, jubilados y familias enteras que usan la tarjeta para poder comer. Y después terminan con embargos, cuentas bloqueadas o descuentos sobre sus sueldos. Cuando a una familia le embargan el sueldo o la cuenta bancaria en este contexto económico, muchas veces la empujan directamente debajo de la línea de pobreza”, lamentó Exeni.

El proyecto nace en un contexto alarmante: según datos del Banco Central y relevamientos privados, más del 55% de las familias argentinas mantiene actualmente algún tipo de deuda bancaria, mientras que la mora en créditos y tarjetas alcanzó el 11,2%, el índice más alto de los últimos 20 años.

Además, informes recientes reflejan una situación social crítica: miles de familias ya utilizan tarjetas de crédito y préstamos para comprar alimentos, medicamentos, pagar alquileres o cubrir servicios básicos.

Cabe mencionar que la propuesta alcanza a deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios y demás operaciones financieras celebradas con bancos y entidades crediticias.

 Además, entre los puntos más importantes, el proyecto contempla la suspensión de embargos y ejecuciones, la paralización de subastas, suspensión de intereses punitorios, prohibición de nuevas afectaciones crediticias derivadas de procesos judiciales paralizados y una instancia obligatoria de conciliación para refinanciar deudas con cuotas razonables y sin abusos financieros.

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