Sin dudas, la Diputada provincial Julieta Perdigón está poniendo en el tapete algunos temas que estaban “bastante escondidos”. Decimos esto porque que a través de una ley busca crear un Programa de recepción de denuncias con el fin de que empleados públicos de la provincia y la ciudadanía en general puedan formular si reciben o si tienen conocimiento de la existencia de directivas formales o informales dirigidas a empleados públicos, beneficiarios de planes sociales o de subsidios, a contratistas y proveedores, o a cualquier otra persona que tenga relación con el Estado Provincial a colaborarle en campañas políticas.
Al respecto, Perdigón aclaró que este programa gratuito debe garantizar el anonimato del denunciante y la confidencialidad de su identidad. “La provisión de datos de contacto será opcional para el denunciante y podrá ser utilizada únicamente para contactarse con el denunciante si el mismo lo autoriza, a fin de recabar mayor información, lo que deberá realizarse en un marco de estricta confidencialidad”, recalcó.
En sintonía, explicó que la Secretaría Electoral deberá radicar la denuncia penal correspondiente si de la denuncia recibida surge la posible existencia de delito. Deberá también realizar las presentaciones administrativas en el ámbito que corresponda a fin de que se inicie el sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades.
“La existencia de presiones a trabajadores del Estado para que participen de las campañas electorales en favor de superiores jerárquicos o de otros funcionarios de gobierno es un problema extendido en Argentina y no distingue banderas políticas ni regiones geográficas. Esta práctica es producto de la confusión entre Estado y partidos de gobierno e implica un aprovechamiento indebido de recursos estatales en beneficio de un determinado grupo político, además de un avasallamiento de los derechos del trabajador estatal”, se argumenta en la fundamentación de este proyecto que ya tiene un antecedente en el año 2017 por la Fundación de Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ).
Por último, Perdigón insistió en que es una práctica muy extendida y naturalizada que los empleados públicos y personas vinculadas al Estado, sean obligados, condicionados o presionados a participar en acciones de proselitismo, de variada índole, tales como la de realizar posteos en sus propias redes sociales, a participar de reuniones o de acciones proselitistas apoyando a funcionarios, o bien a realizar tareas en los comicios, tales como las de fiscalización de mesas, escrutinio, etc. Es por esto que resulta imperiosa la aprobación de esta ley.