Los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, protagonizaron este miércoles, a 11 días del balotaje que definirá al próximo jefe de Estado de Argentina, un tenso debate en el que volvieron a cruzarse sobre la política económica que implementarán si llegan al gobierno, la reivindicación del pacto democrático que rige desde hace 40 años en el país y la represión ejercida por la última dictadura cívico militar.
Rossi y Villarruel, compañeros de fórmula de los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente, se vieron cara a cara nuevamente convocados para debatir por el programa «A dos voces», en el canal de cable Todo Noticias (TN), tal como habían hecho el 21 de septiembre pasado, antes de los comicios generales.
El postulante a vicepresidente de UxP y jefe de Gabinete de la Nación lució más tranquilo que Villarruel durante gran parte del intercambio, que tuvo uno de los momentos más tensos cuando el funcionario acusó a su adversaria política de «romper el pacto democrático» consagrado por «todas las fuerzas políticas» desde 1983 y tras siete años de dictadura.
«La única dirigente política que trajo al pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas fuiste vos al reivindicar la dictadura», le dijo Rossi a Villarruel, quien volvió a negar la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos por el régimen cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En materia económica, Villarruel dijo que si Milei triunfa en el balotaje del próximo 19 de noviembre bajará la inflación «de un hondazo» y detendrá la emisión monetaria «para siempre».
Villarruel ratificó la intención de dolarizar la economía y sugirió que la forma en que pondrá en práctica la medida es «crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en el país».
La candidata a vicepresidenta de LLA prometió mantener el carácter público de la salud y la educación, aunque en ese sentido criticó lo que consideró un «adoctrinamiento político» que «gremios y sindicatos» del sector llevan a cabo con los estudiantes.