El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, con el objetivo de evaluar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron el alcance de la problemática registrada en la última semana en distintos establecimientos educativos, en el contexto de un “reto viral” que se replica tanto en Argentina como en otros países. Según informaron, hasta el momento se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, además de 17 demoras y 6 detenciones en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
En la reunión también se evaluaron los alcances jurídicos de estas conductas y la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas. Desde el área educativa, se destacó que el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y continuará con normalidad, al tiempo que se garantiza la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones.
Asimismo, se informó que se encuentran en análisis posibles medidas disciplinarias en el ámbito escolar para quienes resulten responsables. En este sentido, se remarcó la implementación este año de una normativa innovadora que incluye protocolos de actuación ante situaciones de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
Otro de los puntos abordados fue la posible creación de una unidad de prevención que contemple la intervención de padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26.892, que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad destacó el importante despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención y control, y recordó la responsabilidad legal de los adultos a cargo frente a conductas delictivas de menores.