El Senado de Salta recibió este jueves, en reunión plenaria, a una amplia delegación de familias originarias de finca Las Pailas, departamento Cachi, con el objetivo de analizar alternativas de solución tras el desalojo ejecutado días atrás y que afectó a integrantes de la comunidad diaguita.
El encuentro permitió escuchar los planteos de las familias damnificadas, quienes denunciaron que la medida judicial debía limitarse a una fracción de cuatro hectáreas, pero terminó ejecutándose sobre una superficie aproximada de 40 hectáreas. Según expusieron, la situación dejó a unas 60 personas sin acceso a sus viviendas, cultivos, animales de cría, herramientas de trabajo y fuentes de agua.
La reunión contó con la participación de los legisladores Mashur Lapad, Manrique Burgos, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Sergio Saldaño, Rolando Guaimás, Diego Cari, Juan Cruz Curá, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Caro Dávalos, Daniel D’Auría, Luciano Elvira y Carlos Guitian.
Durante la exposición, la abogada Verónica Huber explicó que la sentencia original, derivada de fallos de 2010 y 2012, solo habilitaba el desalojo de una fracción vinculada a un contrato de pastaje. Sin embargo, sostuvo que el oficio firmado por la magistrada interviniente derivó en la ejecución de la medida sobre la totalidad de la Matrícula 1025.
Representantes de la comunidad, entre ellos Héctor Fabián y Ulises Yanes, describieron el impacto del operativo sobre las familias, señalando que afectó a adultos mayores, personas con discapacidad y menores. Además, denunciaron maltratos durante el procedimiento y advirtieron que las restricciones continúan vigentes, impidiendo el ingreso a los predios y el acceso a recursos básicos.
En relación con las acciones judiciales, se informó que la comunidad presentó un planteo de nulidad, que fue rechazado por la magistrada interviniente. Desde la representación legal cuestionaron esa decisión y señalaron que existiría un desconocimiento del derecho indígena vigente. También se objetó que el operativo se haya concretado un viernes previo a dos días feriados y que la jueza no se haya constituido en el lugar para verificar la situación.
Durante el plenario, las familias solicitaron la intermediación del Senado para agilizar la planimetría de la finca y avanzar en la suspensión de la medida judicial. También pidieron la conformación de una mesa de diálogo intercultural y la evaluación del desempeño de las autoridades judiciales intervinientes, al sostener que la comunidad cuenta con reconocimiento de posesión por parte de la Provincia y la Nación.
Los legisladores expresaron su preocupación por la situación y lamentaron la decisión del Gobierno nacional de derogar por decreto la Ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena y suspendía la ejecución de desalojos sobre tierras habitadas de forma actual, tradicional y pública por comunidades originarias.
Al cierre del encuentro, el senador Mashur Lapad ratificó el compromiso del cuerpo legislativo de avanzar en herramientas parlamentarias e instancias de intermediación para frenar la vulneración de derechos en el territorio.
Por su parte, el senador por Cachi, Manrique Burgos, informó que trabaja junto al jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y autoridades del IPPIS para articular una respuesta que permita garantizar el resguardo de las familias afectadas y establecer un marco de protección para las comunidades de la región.