El debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una fuerte negociación dentro del Senado, especialmente por el capítulo que modifica las condiciones para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Según la propuesta difundida durante las conversaciones parlamentarias, senadores de bloques aliados presionaron a La Libertad Avanza para que abandonara su intención inicial de eliminar todos los límites nacionales. Como alternativa, se habría acordado establecer un tope del 25% para la titularidad extranjera de tierras rurales, elevando el 15% contemplado por la legislación vigente.
La modificación todavía debe quedar plasmada en el texto que finalmente sea debatido y aprobado por el Congreso. La información oficial disponible hasta el momento confirma que el proyecto fue modificado durante su tratamiento en comisiones y que el principal desacuerdo se concentra en el régimen de tierras rurales y en las facultades que tendrán las provincias. El Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar la discusión.
La iniciativa original impulsada por el Poder Ejecutivo buscaba flexibilizar las restricciones establecidas por la Ley 26.737. Esa norma fija actualmente un límite general del 15% para la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales, aplicado a nivel nacional, provincial y departamental.
En términos sencillos, el debate intenta definir qué porcentaje del territorio rural argentino puede quedar en manos de personas o sociedades extranjeras y quién debe autorizar esas operaciones. Una de las posturas propone mantener controles nacionales uniformes, mientras que el oficialismo sostiene que cada provincia debería establecer sus propias restricciones de acuerdo con su realidad territorial y productiva.
El proyecto también plantea una prohibición para que Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos de otros países compren tierras rurales sin autorizaciones especiales. En las zonas de seguridad fronteriza, las operaciones quedarían sometidas a controles adicionales de las autoridades provinciales y nacionales.
Los defensores de la reforma sostienen que una mayor flexibilidad podría facilitar inversiones productivas, mejorar el acceso al financiamiento y permitir que las provincias diseñen políticas adaptadas a sus necesidades. También argumentan que el actual límite nacional no logró resolver las fuertes concentraciones registradas en determinados departamentos.
Los cuestionamientos apuntan a que una ampliación del cupo podría aumentar la extranjerización de zonas estratégicas vinculadas con el agua, la minería, la producción agropecuaria y las fronteras. También se advierte que trasladar toda la responsabilidad a las provincias podría generar regulaciones muy diferentes entre jurisdicciones.
El promedio nacional de tierras en manos extranjeras se ubica cerca del 5%, por debajo del límite actualmente permitido. Sin embargo, el porcentaje cambia significativamente cuando el análisis se realiza por departamentos. El Observatorio de Tierras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires identificó 36 distritos que superan el 15%, algunos de ellos ubicados en áreas con recursos naturales estratégicos.
Salta aparece como uno de los casos más sensibles. San Carlos registra alrededor del 59% de sus tierras rurales en manos extranjeras, mientras que Molinos alcanza aproximadamente el 57%. Gran parte de esas adquisiciones fueron realizadas antes de la sanción de la ley de 2011 y quedaron protegidas como derechos adquiridos, por lo que el límite posterior no pudo revertirlas.
Este escenario es utilizado por quienes sostienen que un porcentaje nacional uniforme resulta insuficiente para resolver concentraciones territoriales localizadas. Por ese motivo, algunos senadores proponen combinar un límite general con herramientas provinciales como zonificaciones, restricciones especiales, autorizaciones legislativas y controles sobre el uso del suelo.
La discusión enfrenta dos principios centrales: la necesidad de atraer inversiones y proteger la propiedad privada, por un lado, y el resguardo de la soberanía territorial y los recursos naturales, por el otro.
El resultado dependerá de la redacción definitiva que consiga los votos necesarios en el Senado. Hasta que el Congreso no apruebe una reforma, continúa vigente el régimen establecido por la Ley de Tierras Rurales, con su límite general del 15%.