Es sabido que hoy la falta de viviendas es una gran preocupación para miles de salteños que deben gastar gran parte de su sueldo en alquileres o viven acinados porque la situación económica los hizo hoy volver a la casa de los padres. A esto se le suma que, por los recortes de Nación, ya hace un par de años no se están construyendo viviendas en Salta.
A raíz de esto, el presidente de la Asociación de Graduados de Ingeniería de Salta, René Castellón, a través de una carta, le solicitó al Gobierno de la Provincia de Salta la posibilidad de disponer de un terreno apto para el desarrollo de un programa habitacional, que permita avanzar en la firma de un convenio de cooperación entre ambos.
“La iniciativa surge ante la creciente dificultad que atraviesan numerosas familias argentinas para acceder a la vivienda propia, problemática que también alcanza a profesionales que, aun contando con trabajo e ingresos, encuentran importantes obstáculos para acceder al financiamiento y al suelo urbano”, explicó Castellón.
En sintonía, agregó que proponen desarrollar un proyecto en el cual la construcción de las viviendas sea financiada principalmente mediante aportes privados de los propios beneficiarios y mecanismos de financiación que puedan estructurarse a través de la Asociación, disminuyendo de esta manera la necesidad de recursos directos del Estado Provincial.
Como contrapartida, solicitan evaluar la posibilidad de que la Provincia aporte o facilite el acceso al terreno donde pueda desarrollarse el emprendimiento, permitiendo así reducir significativamente el costo final de las unidades habitacionales.
Para esto propone crear dos cupos: uno destinado a profesionales de la ingeniería y disciplinas vinculadas, que actualmente encuentran dificultades para acceder a su primera vivienda y otro destinado a vecinos y familias de Salta, de manera que el emprendimiento produzca un beneficio que trascienda a su institución y alcance a la comunidad en general.
“Nuestra intención es adaptar esta experiencia a la realidad de Salta y avanzar hacia un modelo de cooperación público-privada, en el cual el Estado facilite el acceso al suelo y nuestra institución organice y gestione un esquema que permita que los beneficiarios financien progresivamente la construcción de sus viviendas”, concluyó Castellón.