
Es sabido que desde que asumió el presidente Javier Milei las provincias han comenzado a padecer a causa de los recortes que llegaron en todos los ámbitos tanto en educación, salud, seguridad, viviendas, obras y rutas y a raíz de esto los gobiernos, como el de Salta, han tenido que absorber cuestiones como el incentivo docente, medicamentos oncológicos, insumos para discapacidad y encontrarle la vuelta para que no se paralice la vivienda ni las obras que quedaron paradas desde la nueva gestión.
En este caso, quien hizo un exhaustivo análisis de la situación fue el diputado provincial Luis Albeza el cual advirtió sobre el fuerte impacto que la caída de la actividad económica viene generando sobre las finanzas públicas de Salta y aseguró que, si se analizan las pérdidas acumuladas en términos reales, la Provincia ya habría resignado una capacidad económica equivalente a casi medio presupuesto anual.
“El propio Ministerio de Economía de la Provincia informó que solamente en el primer cuatrimestre de 2026 Salta dejó de percibir alrededor de 36.000 millones de pesos por la caída de la actividad económica, principalmente por la baja en IVA e Ingresos Brutos”, explicó el legislador.
Albeza sostuvo que, si esa tendencia continúa durante el resto del año, la pérdida proyectada para 2026 podría ubicarse cerca de los 116.000 millones de pesos. “Y si a eso le sumamos la pérdida acumulada desde 2023 hasta ahora, el monto total podría acercarse a los 580.000 millones de pesos a valores corrientes hacia fines de este año”, lamentó.
Finalizando, recalcó que “Cuando se reexpresa el efecto económico total de la caída de actividad a valores corrientes equivalentes de 2026, el impacto sobre la capacidad financiera de la Provincia se acerca a una magnitud equivalente a casi medio presupuesto anual”, afirmó.
El legislador cerró diciendo que esa pérdida no constituye un dato meramente contable, sino una reducción concreta de la capacidad estatal para sostener políticas públicas. “En términos reales, estamos hablando de menos capacidad para comprar ambulancias, medicamentos, maquinaria vial, equipamiento hospitalario, mejorar escuelas, sostener comedores infantiles o ejecutar obras públicas”, concluyó.