La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas analizó este miércoles el informe final de auditoría sobre la ejecución de obras financiadas por el Fondo de Reparación Histórica (FRH), correspondiente al período 2012-2019, en una jornada marcada por cuestionamientos al organismo de control debido a la “abstención de opinión” emitida en el documento técnico.
El informe definitivo, centrado en la auditoría financiera de las obras ejecutadas bajo la Ley 7691, expuso el estado de situación de proyectos de infraestructura previstos para los departamentos del norte provincial. Sin embargo, la imposibilidad de validar parte de la información generó tensiones entre los legisladores.
Participaron del encuentro los legisladores Patricia Hucena, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Eduardo Virgili y Luis Albeza, mientras que por el organismo de control asistió el auditor Marcos Segura Alzogaray junto a su equipo técnico.
El proceso de fiscalización, que comenzó en 2020 con tareas administrativas y continuó en 2021 con trabajo de campo, concluyó en 2025 tras analizar una muestra de 80 obras sobre un total de 176 previstas originalmente. Según se detalló, estas representan el 87% del monto total del préstamo asignado al fondo.
Durante la exposición, Segura explicó que el equipo auditor —integrado por más de 15 profesionales, entre contadores, arquitectos e ingenieros— evaluó cinco unidades ejecutoras: la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Municipales (actual Secretaría del Interior), Co.S.A.y.Sa., la Dirección de Vialidad de Salta y el Poder Judicial. Estas dos últimas obtuvieron una opinión favorable.
No obstante, el informe derivó en una abstención de opinión debido a limitaciones significativas en el acceso a la documentación, particularmente en lo referido a redeterminaciones de precios y registros del avance de obra en tres de las unidades auditadas. Según el auditor, la ausencia de estos respaldos impide validar la razonabilidad de los gastos, lo que obliga técnicamente a no emitir una conclusión.
El punto generó fuertes cuestionamientos por parte de los legisladores, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias de esta decisión. En particular, señalaron que la falta de una definición técnica retrasa la aprobación o rechazo de las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
El senador Juan Cruz Curá planteó dudas sobre la falta de requerimientos a la Unidad Coordinadora del FRH y cuestionó por qué no se avanzó por la vía judicial ante la ausencia de documentación. Además, advirtió sobre la gravedad de posibles obras financiadas pero no ejecutadas, mencionando como ejemplo la planta de líquidos cloacales en Orán.
En respuesta, Segura confirmó que existe una causa penal en curso para determinar responsabilidades, aunque aclaró que no fue iniciada por el organismo de control. Asimismo, explicó que la Unidad Coordinadora del FRH no fue auditada por carecer de presupuesto propio y encontrarse disuelta al momento de iniciar el proceso.
Durante el intercambio, los legisladores también coincidieron con observaciones realizadas por la presidencia de la Auditoría, que cuestionan la falta de una visión integral del informe y advierten sobre una posible “pasividad” derivada de la abstención técnica.
Por su parte, el auditor defendió el trabajo realizado, señalando que el informe contempló variables como el contexto inflacionario, el plan de obras y las redeterminaciones, dentro de las limitaciones existentes.
En el tramo final de la reunión, la Comisión resolvió solicitar formalmente el envío de una nueva auditoría financiera en curso, encabezada por la auditora Elsa Pereyra Maidana. Este nuevo proceso se enfocará específicamente en la operatoria del crédito del FRH, incluyendo financiamiento y colocación de fondos, diferenciándose del informe analizado, que se limitó a la ejecución de obras.