Nuevamente, el Gobernador Gustavo Sáenz viene a marcar historia con algunos de sus proyectos que marcan un antes y un después en la salud pública. El primero de ellos fue el de cobrarles la salud a los extranjeros. Hoy nuevamente marca una tendencia con el proyecto enviado este miércoles a la legislatura el cual busca que los conductores alcoholizados o con estupefacientes que provoquen algún accidente con víctimas, se hagan cargo de los gastos hospitalarios.
Al respecto, detallaron que la iniciativa faculta al Ministerio de Salud a recuperar los costos de atención médica de conductores que ocasionen siniestros bajo los efectos del alcohol o drogas. Asimismo, explicaron que tienen la obligación de hacerse cargo de los gastos y esto no admite excepciones. Por este motivo quienes acrediten estado de insolvencia deberán cancelarla con servicios comunitarios.
“Dichas conductas, más allá de las sanciones previstas, merecen que los responsables asuman las consecuencias económicas de la atención médica que demande la situación. Esto repercute en el sistema de Salud, que debe destinar sumas muy elevadas para la atención de quienes conducen de manera negligente e irresponsable”, recalcó el Gobernador.
Por último, Sáenz señaló que “la norma que se impulsa persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes que, con el pago de sus impuestos, coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros viales”.
Cabe mencionar que entre sus artículos el proyecto propone: “facultar al Ministerio de Salud Pública, a través del organismo correspondiente, a efectuar los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública. Quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación”.