Debido a la fuerte crisis económica que se vive en todo el país y Salta no es la excepción, el diputado provincial Omar Exeni presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros y suspender durante un año los embargos, ejecuciones y subastas impulsadas por bancos y entidades financieras contra familias salteñas, trabajadores y pequeñas y medianas empresas.
“Hoy hay familias que usan la tarjeta de crédito para comprar comida. No podemos permitir que además les embarguen el sueldo o les quiten su casa. Estamos viviendo una situación extraordinaria. Muchas familias ya no se endeudan para cambiar el auto o comprar electrodomésticos. Se endeudan para llegar a fin de mes. Se endeudan para comer. Cuando además aparece un embargo sobre el sueldo o una ejecución judicial, la situación se vuelve insostenible”, afirmó Exeni.
Al respecto, indicó que que más de la mitad de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda y miles de familias ya recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios. A la vez, muchas Pymes enfrentan dificultades para sostener su actividad, cumplir con obligaciones y conservar puestos de trabajo debido al creciente peso del endeudamiento.
El legislador explicó que el proyecto no elimina las deudas ni perjudica el derecho de cobro de los acreedores. “Quiero ser muy claro: esta ley no perdona deudas. Las deudas siguen existiendo y deberán pagarse. Lo que buscamos es evitar que una familia quede en la calle o pierda el ingreso que necesita para vivir mientras atraviesa una situación económica crítica. Del mismo modo, buscamos proteger a trabajadores y Pymes que hoy están asfixiados por obligaciones financieras que ponen en riesgo su sustento y sus fuentes de empleo.”
La propuesta establece la suspensión temporal de embargos sobre salarios, haberes previsionales, cuentas bancarias y bienes afectados por ejecuciones financieras. También prevé una instancia obligatoria de conciliación para que bancos y deudores puedan acordar planes de pago razonables, reducción de intereses y mecanismos de refinanciación acordes a la capacidad económica de cada familia y de cada Pyme.
“La política tiene que estar del lado de la gente cuando más lo necesita. Detrás de cada expediente hay trabajadores, jubilados, madres y padres que hicieron todo lo posible para cumplir, pero quedaron atrapados por una crisis económica que no generaron. También hay comerciantes y pequeños empresarios que luchan todos los días para mantener abiertas sus puertas y conservar puestos de trabajo. Esta ley busca darles una oportunidad para ponerse de pie y evitar que una deuda termine destruyendo a una familia o una Pyme”, recalcó.