Los saqueos a empresas de encomiendas dejaron al descubierto un conflicto que va mucho más allá de la violencia. Trabajadores denuncian desigualdad en los controles aduaneros, mientras el avance de nuevas modalidades comerciales amenaza las fuentes laborales tradicionales de la frontera.
La tensión que estalló en Aguas Blancas, con protestas y saqueos a establecimientos de encomiendas, expuso una problemática que lleva tiempo acumulándose en la frontera entre Argentina y Bolivia. Detrás de los incidentes aparece una disputa económica que enfrenta a trabajadores vinculados al traslado tradicional de mercaderías con empresas que ofrecen servicios de logística y distribución. El crecimiento de las ventas online desde Bolivia modificó el circuito comercial, desplazando progresivamente a embaladores, pasadores y comisionistas que durante años encontraron en esa actividad su principal sustento económico.
Uno de los puntos más preocupantes surge de las denuncias sobre presuntas diferencias en los controles del Puesto 28. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó que pequeños transportistas deban permanecer durante horas esperando inspecciones, descargando y volviendo a cargar sus mercaderías, mientras determinados colectivos y empresas de encomiendas circularían sin procedimientos equivalentes. Entre las firmas mencionadas aparece San Antonio, aunque hasta el momento no se acreditaron públicamente irregularidades específicas de la empresa. La situación plantea un interrogante que Aduana y Gendarmería deberían esclarecer: ¿qué criterios se utilizan para controlar a unos transportistas y a otros no?
La crisis también refleja las contradicciones de una economía fronteriza donde conviven actividades legales, comercio informal y presuntas maniobras de contrabando. Los trabajadores reclaman por la pérdida de ingresos, pero esa situación no justifica los saqueos ni habilita a exigir el cierre de empresas que desarrollan actividades comerciales autorizadas. Tampoco corresponde afirmar que toda la mercadería transportada por encomiendas ingresa ilegalmente al país sin contar con pruebas. El desafío consiste en garantizar controles efectivos, combatir las irregularidades y ofrecer alternativas de formalización laboral para quienes dependen económicamente de estos circuitos.
Frente al conflicto, Zigarán propuso que colectivos interurbanos, tours de compras y camiones de encomiendas sean sometidos a inspecciones mediante el escáner de Aduana ubicado en el Área de Control Integrado, antes de continuar hacia el Puesto 28. La iniciativa busca establecer procedimientos más equitativos y evitar que las inspecciones recaigan desproporcionadamente sobre determinados sectores. Sin embargo, será necesario que los organismos nacionales evalúen la propuesta y expliquen públicamente cómo funcionan actualmente los controles, qué vehículos son seleccionados y cuáles son los resultados de las fiscalizaciones.
Lo ocurrido en Aguas Blancas merece una investigación que vaya más allá de identificar a los responsables de los saqueos. La violencia debe ser investigada y sancionada, pero también corresponde esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento de los controles fronterizos y atender las consecuencias sociales de la transformación comercial. Porque el problema de fondo no es solamente quién transporta la mercadería, sino si el Estado garantiza reglas claras, controles imparciales y oportunidades de trabajo dentro de la legalidad. Mientras esas respuestas no lleguen, la tensión seguirá exponiendo las dificultades de una frontera cuya economía necesita soluciones estructurales y no solamente operativos de emergencia.