La negociación parlamentaria modificó el rumbo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La presión ejercida por los bloques aliados llevó al oficialismo a abandonar su propuesta original de eliminar los límites para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y aceptar un nuevo esquema que fija un tope del 25%.
El cambio fue resultado de un acuerdo político alcanzado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, donde los legisladores aliados plantearon la necesidad de mantener mecanismos de control sobre la titularidad de las tierras rurales sin desalentar las inversiones.
La nueva redacción acerca el modelo argentino al de Brasil, país que también establece un límite del 25% para la propiedad extranjera de tierras. Según los impulsores de la modificación, el objetivo es equilibrar la apertura económica con la protección de los intereses estratégicos del país.
Además del nuevo límite, el proyecto prohíbe que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que cuenten con autorización expresa del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Esa misma exigencia regirá para cualquier operación inmobiliaria en zonas de seguridad de frontera.
Durante el debate también se remarcó que el proyecto fortalece el federalismo al reconocer el rol de las provincias en la administración de su territorio y de sus recursos naturales. En ese sentido, se destacó que cada jurisdicción podrá establecer herramientas propias para ordenar el uso del suelo, aplicar restricciones específicas o diseñar incentivos de acuerdo con sus necesidades.
Los defensores de la iniciativa señalaron que los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran que la extranjerización alcanza el 6,09% a nivel nacional, aunque existen casos puntuales con altos niveles de concentración. En Salta, por ejemplo, los departamentos de San Carlos y Molinos superan el 57% de tierras en manos extranjeras, una situación que, sostienen, el régimen anterior no logró corregir.
Con las modificaciones introducidas por los senadores aliados, el proyecto continuará su tratamiento legislativo con un esquema que busca compatibilizar el ingreso de inversiones con mayores controles y una participación más activa de las provincias en las decisiones sobre sus territorios.