El presidente Javier Milei hablará este jueves 30 de julio, a las 20, por cadena nacional para presentar los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El proyecto será enviado posteriormente al Congreso y deberá ser aprobado por diputados y senadores antes de entrar en vigencia.
La Carta Orgánica puede entenderse como el reglamento principal del Banco Central. Allí se establece para qué existe la entidad, qué tareas puede realizar, cómo se designan sus autoridades y qué relación mantiene con el Gobierno nacional.
El cambio más importante que propone el Ejecutivo es impedir que el Banco Central le preste dinero al Tesoro para cubrir sus gastos. En palabras sencillas, el Gobierno busca prohibir que una administración que gasta más de lo que recauda pueda recurrir a la emisión de pesos para cubrir esa diferencia.
Actualmente, esa posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 20 de la Carta Orgánica, que autoriza al Banco Central a otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional dentro de determinados límites. Aunque en algunas versiones periodísticas se mencionó el artículo 21, el texto oficial vigente ubica esta facultad en el artículo 20.
Para entenderlo con un ejemplo cotidiano, el Tesoro funciona como la caja del Estado: recibe dinero mediante impuestos y lo utiliza para pagar jubilaciones, salarios, obras, programas sociales y otros gastos. Cuando gasta más de lo que ingresa, tiene déficit.
Una de las maneras de cubrir ese déficit fue solicitar fondos al Banco Central. Para entregarlos, la entidad podía crear nuevos pesos. El problema es que, cuando aumenta mucho la cantidad de dinero en circulación sin que crezca al mismo ritmo la producción de bienes y servicios, existe mayor presión sobre los precios y el valor de la moneda.
El proyecto de Milei busca cerrar esa puerta. En caso de aprobarse, los gobiernos tendrían que equilibrar sus cuentas, reducir gastos, aumentar ingresos o conseguir financiamiento por otras vías, pero no podrían ordenar la emisión de pesos para cubrir el déficit.
El oficialismo sostiene que esta prohibición ayudaría a combatir una de las principales causas de la inflación argentina. Sin embargo, la reforma no significa que los precios bajarán automáticamente. La inflación también puede verse afectada por la evolución del dólar, los costos de producción, las tarifas, los salarios, las expectativas y otros factores económicos.
Otro punto consiste en devolverle al Banco Central una misión más limitada: preservar el valor de la moneda. La reforma de 2012 estableció que la entidad también debía promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El Gobierno pretende reemplazar ese esquema por un objetivo prioritario concentrado en evitar que el peso pierda poder adquisitivo.
¿Qué significa preservar el valor de la moneda? Significa intentar que los pesos de una persona no pierdan rápidamente su capacidad de compra. Por ejemplo, que un salario, una jubilación o un ahorro no permitan comprar cada vez menos productos por efecto de la inflación.
La iniciativa también limitaría la transferencia de utilidades contables del Banco Central al Tesoro. Estas utilidades pueden surgir, por ejemplo, cuando una devaluación aumenta en pesos el valor de los activos en dólares que posee la entidad. Aunque esa ganancia aparece registrada en sus balances, no necesariamente representa dinero efectivo obtenido por una actividad comercial.
Según el proyecto difundido, el Gobierno busca impedir que esas ganancias contables sean utilizadas para financiar gastos públicos. En términos sencillos, pretende evitar que el Tesoro reciba pesos creados sobre la base de una ganancia que existe principalmente en los registros del Banco Central.
Otro cambio apunta a darle mayor autonomía a la conducción del organismo. La propuesta establece que para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central serían necesarios los votos de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado. Actualmente, sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, aunque también pueden existir nombramientos en comisión.
El objetivo declarado es evitar que cada gobierno pueda desplazar fácilmente a las autoridades del Banco Central para colocar funcionarios dispuestos a financiar sus decisiones políticas. Sus defensores consideran que una entidad más independiente puede brindar estabilidad y previsibilidad.