La senadora nacional por Salta Flavia Royon destacó el avance en el Senado del proyecto que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, una iniciativa que concentra distintas propuestas presentadas por legisladores de varios bloques y que ya obtuvo dictamen en comisión. El tratamiento viene siendo seguido especialmente por provincias productoras como Salta, Jujuy y Tucumán, donde la actividad vinculada al bioetanol tiene un peso importante en las economías regionales.
Royon preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, uno de los espacios parlamentarios que intervino en el debate. El dictamen alcanzado propone, entre otros puntos, elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del actual 12% al 15% y llevar el biodiésel en el gasoil al 10%. Actualmente, la Ley 27.640 establece un corte obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas.
La iniciativa también contempla cambios progresivos en el esquema de comercialización y competencia del biodiésel, con un período de transición para las empresas no integradas que se extendería hasta 2036. Uno de los objetivos planteados durante el debate es brindar mayor previsibilidad a las inversiones y a la producción regional, aunque el diseño del régimen también generó diferencias entre actores del sector respecto de cómo distribuir el mercado y proteger a las pequeñas y medianas empresas.
Para las provincias del norte, la discusión tiene especial importancia por el peso de la caña de azúcar y del bioetanol en sus cadenas productivas. El debate también se vincula con la posibilidad de sustituir parte del consumo de combustibles fósiles importados por producción nacional de biocombustibles, uno de los argumentos utilizados históricamente para promover el sector.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones del Senado a comienzos de septiembre, aunque su tratamiento en el recinto sufrió demoras por falta de acuerdo político para sesionar. Por eso, el avance legislativo todavía no implica que la nueva ley esté aprobada: deberá ser debatida y votada por el Senado y continuar luego el trámite parlamentario correspondiente.
Royon sostuvo que el nuevo esquema puede significar una oportunidad para las provincias productoras, al impulsar mayor demanda de bioetanol y biodiésel, fortalecer las economías regionales y reducir la dependencia de combustibles importados.
La discusión seguirá ahora en el Congreso, donde deberán definirse los porcentajes finales de corte, los mecanismos de competencia y las condiciones para los distintos productores de una cadena energética considerada estratégica para varias provincias argentinas.