La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, luego de denunciar una presunta agresión armada por parte de Estados Unidos, en lo que el oficialismo calificó como un escenario de “hostilidad externa sin precedentes”.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 5.200, fechado el sábado y firmado previamente por el exdictador Nicolás Maduro —antes de su detención— y posteriormente refrendado por el gabinete ejecutivo. El texto fue publicado en la Gaceta Oficial y habilita la adopción de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía, política y organización social.
Según el decreto presidencial, la decisión se sustenta en la “confirmación reciente de un ataque por parte de fuerzas estadounidenses”, al que califica como una grave violación de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de la Nación, además de una infracción directa al Derecho Internacional. En ese marco, el documento cita expresamente el numeral 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.
La declaración del Estado de Conmoción Exterior se encuentra contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana y regulada por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Su entrada en vigencia implica la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la instrucción de emplear “todo el potencial existente como poder nacional” para repeler cualquier intervención externa.
Búsqueda, captura y militarización de sectores estratégicos
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la activación de mecanismos de búsqueda y captura de personas señaladas por promover o apoyar el presunto ataque armado. El texto ordena que los órganos de policía nacionales, estadales y municipales emprendan de manera inmediata la localización y detención de los involucrados, con el objetivo de su posterior juzgamiento en el sistema de justicia penal.
Asimismo, se establece la colaboración obligatoria de todos los cuerpos de seguridad, con la remisión de los detenidos al Ministerio Público.
El decreto dispone también la militarización transitoria de infraestructuras estratégicas, entre ellas los servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. En este contexto, los trabajadores de estos sectores pasarán temporalmente a un régimen de carácter militar.
Además, se refuerzan los controles en fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y se autoriza al Poder Ejecutivo a dictar todas las medidas políticas, legales, administrativas, económicas y sociales que considere necesarias para “restablecer la normalidad” en el país.