Este lunes, el Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia brindó información acerca del trabajo que se realizó en el Departamento de San Martín para estabilizar la emergencia hídrica por la que estaban atravesando los vecinos del norte provincial. Al respecto, celebró que, con el trabajo en conjunto, se pudo estabilizar el servicio.
“En el departamento de San Martín se ha trabajado por 10 días. Las clases se han garantizado, en los Centros de Salud hemos asistido y en las residencias de lo que son ciudadanías en estado de vulnerabilidad. Hemos logrado erradicar las prácticas ilegales de venta de agua, el aprovisionamiento clandestino, el desvío de camiones que estaban contratados a los efectos de proveer el líquido elemento a todos los ciudadanos. Esto habla de las necesidades de mantener los controles”, arrancó explicando Saravia.
En sintonía, agregó que lograron bajar de un promedio de 996 reclamos por día en Tartagal a 0 y también bajaron de 225 a 3 en Gral. Mosconi. “No quiere decir esto que haya una plenitud en lo que es la prestación del servicio, por el contrario, siempre va a tener afecciones, pero lo cierto es que la coordinación ha dado algún resultado. Apelamos al criterio de la ciudadanía a que tienda a hacer un uso responsable del agua, es decir, tenemos que evitar el riego de jardines, la carga de piletas, el lavado de automóviles en los domicilios y hasta la limpieza de las veredas con agua”, recalcó.
Por último, también habló de la necesidad de declarar la emergencia hídrica ya que de esta manera ellos pueden actuar y sancionar. “Nosotros desde el Ente trabajamos con los barrios privados con los procesos sancionatorios porque precisamente el 50% de los pozos no está declarado. Desde el 1 de noviembre a comenzado el censo de pozos hasta el 31 de enero. La gente que voluntariamente ha procedido a denunciar los pozos que tiene es un porcentaje muy minúsculo, esto quiere decir que siguen todos tratando de ocultarle al Estado de dónde sacan el agua”, lamentó Saravia.
“En los barrios privados está faltando que instalen un macro medidor. Estamos hablando de conglomerados urbanos que tienen parcelas de un costo de 25 mil y 100 mil dólares y no proceden a comprar un caudalímetro de 80 mil pesos de costo. Esto habla de reticencia, esto habla de no querer cumplir con las normativas y estamos hablando a veces de las urbanizaciones más prolijas. Las multas van a ir entre los 10 millones de pesos y las vamos a imponer porque en definitiva lo que está en exceso para algunos es el faltante que tiene el resto de la población”, concluyó el Presidente del Ente Regulador.