La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado que conduce Juan Agustín Pérez Alsina, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciando la suspensión “arbitraria e irregular” de pensiones no contributivas por invalidez.
La medida, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar urgente y la convocatoria a una audiencia pública, con el fin de restituir los pagos y garantizar un procedimiento transparente y respetuoso de los derechos de las personas en situación de extrema vulnerabilidad.
129 pensiones cortadas y auditorías truchas
El escrito detalla que en julio de 2025 fueron suspendidas 129 pensiones en Salta sin notificación previa a los beneficiarios, con criterios médicos dispares y bajo auditorías realizadas por personal sin la debida habilitación profesional. Además, se denuncia que la ANDIS se negó a entregar información clara y nominal de los afectados, lo que pone en evidencia una grave falta de transparencia institucional.
Derechos humanos en juego
Según el planteo de la Provincia, la suspensión masiva constituye un atropello al derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, incumpliendo la obligación del Estado nacional de proteger a los grupos más vulnerables. “Se trata de una medida con fines puramente fiscalistas que atropella derechos fundamentales”, remarcaron desde la Fiscalía de Estado.
Asimismo, se señaló el destrato a los beneficiarios y organismos locales, obligando a personas con discapacidad a realizar traslados extensos para trámites que finalmente no eran resueltos.
Pedido a la Corte Suprema
La Provincia reclama a la Corte el restablecimiento inmediato y el pago retroactivo de las pensiones suspendidas, además de la implementación de un sistema de auditoría transparente, profesional y accesible.
“Lo que está ocurriendo no es solo un ajuste contable: es un ataque directo a la dignidad de las personas con discapacidad. Salta no se va a quedar callada”, advirtieron fuentes provinciales.