El gobernador Gustavo Sáenz expresó hoy su apoyo a la reforma migratoria impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacando que era una medida «largamente reclamada» por Salta debido a su condición de provincia fronteriza.
En un comunicado oficial, el mandatario provincial celebró la decisión del Gobierno nacional de avanzar con cambios en la política migratoria a través del Decreto 366/2025, que busca restringir el ingreso de extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública y limitar el acceso gratuito a servicios sociales para quienes no tengan residencia permanente.
«Desde Salta lo venimos pidiendo desde que asumí como Gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales», afirmó Sáenz, quien además insistió en la necesidad de «dar de baja los planes sociales de ANSES a extranjeros que los cobran sin vivir en el país».
Controles más estrictos y fin de beneficios sin residencia
La reforma modifica el artículo 6 de la Ley de Migraciones N° 25.871, estableciendo que el acceso a salud, educación, trabajo y seguridad social estará condicionado a la situación migratoria. Entre los cambios más relevantes:
- Salud pública: Solo los residentes permanentes tendrán acceso gratuito. Los no residentes deberán contar con un seguro médico o pagar la atención, excepto en emergencias.
- Educación: Las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se mantiene la gratuidad en escuelas primarias y secundarias.
- Controles migratorios: Se exigirá una declaración jurada al ingresar al país, con sanciones más duras para quienes lo hagan de forma irregular o con documentación falsa.
«Defensa de los intereses de los argentinos»
Sáenz calificó la medida como «un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país» y ratificó su compromiso de trabajar en conjunto con la Nación en políticas de seguridad y orden migratorio.
«Sé que el Gobierno nacional está trabajando en esta línea, y desde Salta colaboraremos con todo lo necesario para que sea posible», aseguró.
La reforma ha generado reacciones encontradas: mientras algunos sectores la consideran «necesaria para frenar el abuso de recursos públicos», organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles exclusiones. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el objetivo es «ordenar el sistema migratorio y priorizar a los ciudadanos argentinos».
Con esta medida, Argentina se suma a una tendencia regional de endurecimiento de políticas migratorias, en un contexto donde la gestión fronteriza y el control de subsidios se han vuelto temas centrales en la agenda pública.