El Gobierno provincial volvió a mover las piezas del tablero político y envió a la Legislatura un proyecto de ley que promete reconfigurar por completo la estructura del Poder Ejecutivo. La propuesta plantea una administración compuesta por ocho Ministerios, una Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría General de la Gobernación, un diseño que busca —según el oficialismo— “fortalecer la coordinación interna y optimizar el desempeño del Estado”.
Uno de los cambios más llamativos es el traslado de las competencias vinculadas a Justicia al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, quitando esa área del Ministerio de Seguridad. Con esta jugada, Seguridad queda enfocada exclusivamente en “prevención y combate del delito”, aunque para muchos se trata de una decisión que deja expuestas viejas tensiones internas y la necesidad de blindar políticamente una cartera que viene en la mira por los números de criminalidad.
Otro punto que encendió las alarmas es la reformulación del Ministerio de Producción y Minería, un gesto que confirma la apuesta total del Gobierno al boom minero. Con esta incorporación, el Ejecutivo deja claro que la minería ya no es un actor más, sino un motor central de la economía provincial que exige estructura, poder y presencia de primer nivel.
Lo cierto es que, detrás del discurso de modernización, la nueva arquitectura del gabinete redefine relaciones de poder, prioridades económicas y la disputa interna por el control de áreas sensibles.