El norte salteño volvió a alzar la voz. Esta vez, desde el corazón del Senado de la Nación. El intendente wichí de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, viajó a Buenos Aires junto al senador nacional Sergio “Oso” Leavy, para exigir que la Cámara de Diputados trate de una vez por todas la Ley de Emergencia y Catástrofe para el departamento Rivadavia, una norma que busca dar respuesta a la dramática situación que viven miles de familias del Chaco salteño. El proyecto, impulsado por Leavy y aprobado por unanimidad en el Senado el pasado 7 de mayo, declara la emergencia por 180 días y crea un fondo de 10 mil millones de pesos para obras hídricas urgentes que contengan los desbordes del río Pilcomayo y el río Bermejo, dos gigantes que cada año arrasan con comunidades enteras dejando destrucción, hambre y desesperanza.
“Venimos al Senado porque nuestros pueblos necesitan ser vistos. No es un reclamo político, es un pedido de auxilio. La gente vive con el agua en la puerta de su casa”, dijo Nerón tras reunirse con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y los senadores nacionales por Salta. En el encuentro, gestionado por Leavy, también participaron el senador Juan Carlos Romero, el maestro Ciro Ramos y el asesor legal de la intendencia, Daniel Segovia, quienes expusieron la gravedad de la situación.
Leavy fue tajante al remarcar la urgencia de que la Cámara Baja trate el proyecto: “Hay compatriotas que perdieron todo. No podemos permitir que los ríos sigan devorando comunidades mientras el proyecto duerme en Diputados. El norte necesita acción y compromiso, no indiferencia”. Romero, por su parte, subrayó la necesidad de una mirada estratégica y propuso reactivar la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), un organismo que coordina políticas entre Nación y provincias, pero que desde hace años está paralizado.
Mientras tanto, en el territorio la realidad golpea con fuerza. Según datos del INDEC y relevamientos provinciales, más del 70% de la población de Rivadavia vive bajo la línea de pobreza, y una enorme cantidad de familias —en su mayoría pertenecientes a comunidades wichí, chorote, chulupí y toba— sobreviven sin agua potable, sin saneamiento básico y con servicios de salud limitados. Las lluvias, los desbordes y el abandono institucional agravan año tras año un cuadro humanitario que ya no admite dilaciones. “Nuestros niños toman agua del río, y cuando el río crece, lo perdemos todo”, relató Ramos, con crudeza y tristeza.
Villarruel, sensibilizada por el pedido, manifestó su disposición a acompañar las gestiones necesarias para que la iniciativa llegue cuanto antes a Diputados y pueda ser tratada. “Tenemos que dar respuesta a las comunidades que viven olvidadas. Este es un problema estructural y de justicia social”, coincidieron los presentes.
Antes de finalizar, Leavy fue contundente: “El norte salteño no puede esperar más. Mientras algunos discuten números, hay familias que duermen bajo lonas. Esta ley no es un favor: es una deuda con los pueblos que resisten, con dignidad, el olvido de siempre”. La pelota ahora está en la cancha de los Diputados. En el norte, donde los ríos no perdonan, la gente solo pide una cosa: que la política cumpla su palabra antes de que el agua se lo lleve todo otra vez.