Por primera vez, el gobierno de Javier Milei sufrió una derrota legislativa contundente: el Congreso le volteó un veto presidencial. Se trata del rechazo a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma de altísima sensibilidad social que obliga al Estado a regularizar pagos a prestadores y actualizar aranceles. Ante la inminente derrota, la Casa Rosada ya activa su plan B: una estrategia judicial para bloquear su aplicación y evitar el impacto fiscal que, según sus cálculos, ronda entre el 0.25% y el 0.45% del PIB.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se quedó solo. La descomposición de sus alianzas, tensionadas en los últimos meses y coronada con el cierre de listas del fin de semana, encontró en este tema un punto de quiebre. Diferentes sectores sociales y políticos unieron fuerzas para presionar por el financiamiento de programas para la población con discapacidad, una demanda a la que el Gobierno no pudo seguir dando la espalda, aunque se resiste a hacerlo por la vía que impone la ley.
Un anuncio a contrarreloj y con poco efecto
Como reveló Infobae, en un intento desesperado por torcer brazos, el Ejecutivo estudió hasta último momento anunciar un aumento de fondos para el sector. La jugada, orquestada por el vocero Manuel Adorni a través de redes sociales, buscaba ser un «salvavidas» para diputados indecisos. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”, publicó. Sin embargo, fuentes de la Rosada admitieron el fracaso táctico: “Fue un último recurso para convencer a algunos diputados, pero el partido ya estaba jugado”.
Ahora, con el veto cayendo, el propio Gobierno admite que es «probable» que ese anuncio de aumento nunca se concrete. Su aplicación dependía directamente de que el veto se ratificara, un guiño político que ya perdió su razón de ser.
La judicialización: el plan B del Gobierno
La derrota en el recinto no significa la victoria final para la oposición. El presidente Milei ya había adelantado su estrategia: “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público”.
Las vías legales que evalúa la Casa Rosada son dos:
- Cuestionar la legalidad de la sesión del Senado que dio origen a la ley, argumentando que convocar sesiones es atribución presidencial.
- La más probable: Alegar que la oposición impuso una normativa al Poder Ejecutivo sin especificar las fuentes de financiamiento, lo que la tornaría inaplicable e inconstitucional por violar la ley de administración financiera.
La batalla se trasladará así al Fuero Contencioso-Administrativo, donde el Gobierno intentará «congelar» los efectos de la ley, especialmente los puntos que implican nuevas altas de pensiones, el ítem de mayor costo fiscal.
Reuniones en la sombra y una hoja de ruta clara
El ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo reuniones clave con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El mensaje que se coordinó es claro: no implementar ni incrementar partida alguna regida por la ley derrotada. La excusa será la judicialización. La solución de fondo que manejan es de mediano plazo: auditar y dar de baja a beneficiarios de otros programas (como Incluir Salud) para reasignar esos fondos, una política compleja y que no ofrece respuestas inmediatas.
Mientras el Gobierno se prepara para la batalla legal, la oposición celebra una victoria política histórica que le marca un límite al poder de Milei y reactiva el debate sobre el cumplimiento de los derechos de una de las poblaciones más vulnerables.