El Gobierno nacional anunció este martes, mediante un decreto del presidente Javier Milei, el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo históricamente vinculado a denuncias de corrupción en la obra pública. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien inició la conferencia con un repaso de la causa Vialidad, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.
El argumento: corrupción y sobreprecios
Adorni recordó que la investigación judicial demostró «51 contratos de obra pública con sobreprecios para el empresario Lázaro Báez», así como «contratos amañados, abandono de obras y ampliaciones injustificadas de plazos». Además, señaló que «Vialidad fue utilizada como una herramienta para maniobras ilegales» destinadas a desviar fondos públicos.
Qué organismos se cierran y qué cambia
El decreto presidencial, que se publicará este miércoles, disuelve tres entes:
- Dirección Nacional de Vialidad (a cargo de rutas y obra pública).
- Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTV), que pasará a llamarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte.
- Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Adorni adelantó que se licitarán 9.120 kilómetros de rutas, muchas de ellas en mal estado tras años de «despilfarro y corrupción». «Es un acta de defunción a la corrupción en la obra pública», afirmó.
Críticas al kirchnerismo y defensa de las facultades delegadas
El vocero también aprovechó para responder a las críticas por el uso de las facultades delegadas que vencen este miércoles: «El gobierno de Milei es de los pocos que no pidió prórroga, a diferencia del kirchnerismo», destacó.
Adorni recordó que el gobierno anterior utilizó poderes especiales durante la pandemia para restringir libertades, mientras que la actual administración los empleó para «reparar el daño causado». «El problema no es la herramienta, sino cómo se usa», concluyó.
La medida profundiza la política de reducción del Estado impulsada por Milei y genera expectativas por la futura licitación de rutas, aunque también reaviva el debate sobre el legado de la corrupción en la infraestructura vial argentina.