Esta semana, profesionales del área de discapacidad decidieron levantar la voz y manifestarse ya que aseguran que la situación por la que están atravesando es insostenible. Explicaron que llegando al mes de junio, hay autorizaciones que no han sido aprobadas por las obras sociales y ellos no tienen la certeza de si saldrán o no.
La Yapa Salta dialogó con Micaela Abasto, licenciada en psicomotricidad y HNA de una persona con discapacidad la cual explicó que tanto las obras sociales nacional, como las provinciales están teniendo demoras en las autorizaciones de las prestaciones y por ende ellos no puede facturar porque también hay demoras.
“Este año estamos prácticamente en junio y hay autorizaciones de chicos que no salieron. Por ahí nosotros muchas veces por empatía, por amor a nuestro trabajo, por el respeto hacia los chicos con discapacidad, muchas veces aceptamos realizar las terapias teniendo la esperanza de que las obras sociales nos autoricen esos meses. Muchas veces no es así y de todos lados siempre salimos perdiendo”, arrancó explicando.
En sintonía, agregó que tampoco tienen aumento en el nomenclador nacional desde diciembre que fue del 0,1 %. “Estamos en junio y no tenemos aumento de nomenclador. El transportista que se encarga del traslado de las personas con discapacidad de su domicilio hasta las escuelas especiales, hasta las terapias, es insostenible el trabajo de ellos porque el litro de nafta le está cubriendo menos de 600 pesos cuando sabemos que en la actualidad pasa los 1300 el litro de nafta. Lo mismo pasa con las maestras integradoras que si o si necesitan estar presentes acompañando a los chicos para que puedan aprender y es lo que les corresponde por ley a todos los chicos, pero no llegan ni al millón de pesos”, lamentó.
“Todos los profesionales cobramos entre 3 a 5 meses después de nuestro trabajo ya realizado y a nosotros nos suben los alquileres de los consultorios, las capacitaciones, cursos, todo tipo de formación para que nosotros le podamos brindar un buen servicio a nuestros pacientes y a las familias. Tenemos que pagar los seguros de las malas praxis, materiales, hojas, elementos de higiene, diferentes recursos. Lo que nosotros necesitamos es que urgente se trate a nivel nacional la Ley de Emergencia en Discapacidad para que nosotros podamos, no solamente las familias de las personas con discapacidad tengan acceso, sino también nosotros como trabajadores podamos cobrar nuestro trabajo a mes vencido como cualquier laburante y que no se nos ponga tantas trabas para poder realizar nuestro trabajo”, indicó Micaela.
Por último, insistió en que necesitan el apoyo de los gobernadores y diputados. “Son muchas las personas perjudicadas en esto. Hace años que venimos luchando para que nos paguen a los 30 días de facturado por los aumentos mes a mes, pero este año es impresionante como se ajustó en el sistema de prestaciones de discapacidad. Yo trabajo hace 10 años y es la primera vez que la estoy pasando mal mal. No salen autorizaciones, no podemos facturar, quedan los chicos a la deriva sin autorización porque a nosotros no nos aseguran si nos van a pagar esos meses. Muchas veces nosotros quedamos como los malos de la película, pero esto ya es insostenible”, concluyó.
