Promulgada a regañadientes y frenada sin vueltas. Este lunes 22 de septiembre, el Gobierno publicó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero activó el Decreto 681/2025 para suspender su aplicación hasta que el Congreso diga de dónde saldrá la plata y asigne las partidas en el Presupuesto. Es la continuidad del tironeo que empezó con el veto presidencial (Decreto 534/25) y la posterior insistencia del Congreso por mayorías especiales: la Casa Rosada firmó porque la Constitución la obliga, y al mismo tiempo la dejó en stand by por razones fiscales.
Sobre la mesa están los números que el Ejecutivo considera imposibles de ignorar: $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI) por la nueva pensión y medidas asociadas; $574.200.000.000 para Incluir Salud en 2025 (0,07% del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12% del PBI); y $278.323.000.000 para la compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI). Total estimado: $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35% del PBI. Con esa factura, el Gobierno invoca la Ley 24.156 y las normas complementarias: sin fuente de financiamiento específica no hay gasto nuevo, por más urgencia que haya en el terreno.
La política hizo su parte: Diputados y Senadores empujaron la ley y le torcieron el brazo al veto, pero el giro contable mandó a frío la implementación. Guillermo Francos había dejado el anticipo: sin partidas reales, la norma no camina. La Jefatura de Gabinete sostiene que ampliar prestaciones sin respaldo presupuestario “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen”, y que la habilitación para reasignar partidas no alcanza como “fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
Así, la Emergencia en Discapacidad quedó en una paradoja dolorosamente conocida: derecho reconocido en el papel, ejecución pospuesta en la práctica. La pelota está ahora en el Presupuesto: si el Congreso no marca el camino del dinero con partidas y fuentes claras, la ley seguirá vigente con asterisco, esperando que la caja diga “sí”. Mientras tanto, prestadores y personas con discapacidad miran el tablero con una pregunta incómoda: ¿promesa o alivio real? Hoy, la respuesta suena a “sí, pero no”.