La distribución de los recursos nacionales volvió a encender la polémica entre Buenos Aires y las provincias. Mientras el Gobierno de Javier Milei decidió reforzar la asistencia económica al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el interior crece el malestar por un esquema que parece tener distintas prioridades según el lugar donde viven los argentinos. La senadora salteña Flavia Royon cuestionó la medida y puso nuevamente sobre la mesa una discusión que atraviesa a distintos gobiernos: la desigualdad en el reparto de los fondos públicos.
La controversia surgió luego de que Nación dispusiera un incremento de entre el 10% y el 15% en los subsidios destinados a 104 líneas de colectivos del AMBA, además de reconocer compromisos pendientes por aproximadamente $38.840 millones con las empresas del sector. La decisión contrasta con la realidad de las provincias, que desde la eliminación de los aportes nacionales al transporte urbano deben afrontar buena parte del costo de mantener sus servicios funcionando.
Royon no dejó pasar la situación y apuntó directamente contra lo que considera una estructura centralista. “Las provincias no pueden seguir financiando el centralismo argentino”, advirtió. Su cuestionamiento plantea una contradicción difícil de justificar políticamente: los recursos nacionales se sostienen con aportes de todo el país, pero los beneficios no siempre llegan de manera equivalente a cada territorio. La legisladora reclamó que la asistencia estatal responda a las necesidades de los usuarios y no a la ubicación geográfica de las empresas.
En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz viene sosteniendo una postura similar. La Provincia destina fondos propios para amortiguar el impacto del transporte sobre el bolsillo de los pasajeros y mantener una tarifa competitiva frente a otras capitales argentinas. Sin embargo, ese esfuerzo también significa comprometer recursos que podrían destinarse a otras necesidades. El contraste reabre un interrogante incómodo: ¿por qué algunas jurisdicciones deben resolver con sus presupuestos lo que en otras continúa siendo sostenido por Nación?
El debate va mucho más allá del precio del boleto. Habla de oportunidades, de prioridades presupuestarias y de un federalismo que muchas veces parece quedar reducido a los discursos. Nadie discute que los usuarios del AMBA necesiten un transporte accesible, pero tampoco debería discutirse que un trabajador o un estudiante salteño merecen la misma consideración. La verdadera discusión no es quitarle recursos a Buenos Aires, sino establecer por qué el interior debe seguir reclamando una igualdad que debería estar garantizada desde el principio.