La senadora nacional por Salta Flavia Royón votó este jueves en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión del Senado de la Nación y se convirtió en la única representante salteña que rechazó la iniciativa impulsada por el oficialismo.
La legisladora de Primero los Salteños explicó que, desde el ingreso del proyecto al Congreso, advirtió aspectos que requerían una revisión profunda. “Desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas. Por eso, como hago con cada proyecto que llega al Senado, dediqué estos meses a trabajar en correcciones y modificaciones”, señaló al fundamentar su posición.
Según indicó Royón, las negociaciones desarrolladas durante los últimos meses permitieron retirar del texto definitivo dos de los capítulos que habían generado mayores cuestionamientos. Uno de ellos contemplaba cambios en el régimen de protección de los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares, mientras que el otro proponía modificaciones a la legislación sobre tierras rurales.
Pese a esos cambios, la senadora sostuvo que el articulado restante continuaba presentando errores conceptuales y técnicos que le impedían acompañar la iniciativa. Sus principales objeciones estuvieron vinculadas con los capítulos sobre expropiaciones y regularización dominial, procesos de desalojo, manejo del fuego y registro de la propiedad inmueble.
En relación con los desalojos, Royón cuestionó que el proyecto permita que una persona que invoque un interés legítimo solicite el procedimiento sin un proceso judicial previo. A su entender, esa redacción podría colocar en una situación similar a un inquilino con deudas y a una persona acusada de usurpación.
También manifestó reparos sobre el régimen de expropiaciones. La senadora advirtió que la obligación de pagar lucro cesante, actualizar las indemnizaciones mediante el Índice de Precios al Consumidor y sumar intereses, junto con la imposibilidad de tomar posesión del bien hasta cancelar la totalidad del monto, podría retrasar obras públicas o dificultar la intervención estatal frente a situaciones de emergencia.
Otro de los puntos cuestionados fue el capítulo referido al manejo del fuego. Royón sostuvo que la iniciativa elimina restricciones destinadas a impedir el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios, especialmente en pastizales y humedales. En ese sentido, vinculó su preocupación con los incendios registrados durante el año en la Patagonia y con la investigación judicial abierta por un incendio ocurrido en Cafayate, presuntamente relacionado con intereses inmobiliarios.