La Libertad Avanza debió eliminar por completo el capítulo que buscaba modificar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. No fue un gesto de moderación ni una revisión espontánea de sus prioridades: fue el resultado de la falta de votos, del rechazo político y de una presión social que convirtió la iniciativa en un costo demasiado alto para el oficialismo.
El retroceso representa un nuevo golpe legislativo para el Gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada había intentado primero avanzar con una flexibilización amplia y luego ensayó una salida intermedia, elevando del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras. Ninguna de las dos opciones logró reunir el respaldo suficiente y el capítulo terminó retirado para evitar que naufragara todo el proyecto.
Sin embargo, sería un error interpretar esa caída como el final del conflicto. El proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene capítulos que podrían producir efectos profundos sobre los desalojos, las expropiaciones y la protección de los territorios afectados por incendios. El oficialismo quitó el punto que concentraba la mayor indignación pública, pero conservó buena parte de una reforma que coloca el derecho de propiedad por encima de otras garantías sociales, ambientales y habitacionales.
La discusión sobre los desalojos es uno de los aspectos más delicados. El texto establece que, ante la falta de pago de un alquiler habitacional, el propietario deberá intimar al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días corridos. Cumplida esa instancia, podrá iniciar una acción judicial mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación. El dictamen también amplía los mecanismos de notificación y habilita un trámite sumarísimo para recuperar el inmueble.
Presentar esta reforma solamente como una herramienta contra la ocupación ilegal oculta una realidad mucho más compleja. En un país atravesado por la precariedad laboral, el aumento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda, acelerar los desalojos sin fortalecer simultáneamente las respuestas habitacionales puede convertir una deuda contractual en una emergencia social.
El problema no consiste en negar el derecho legítimo de un propietario a recuperar un inmueble. La cuestión es qué ocurre con una familia cuando la celeridad procesal se transforma en expulsión, especialmente cuando hay niños, personas mayores o personas con discapacidad. Una ley responsable debería equilibrar derechos, evitar abusos y garantizar una defensa efectiva, no reducir la discusión a la velocidad con la que puede concretarse un desalojo.
Incluso dentro del Senado surgieron propuestas alternativas destinadas a impedir que, en las locaciones habitacionales, se ordene la restitución anticipada del inmueble sin que la persona demandada tenga una oportunidad real de responder, presentar pruebas y acreditar situaciones de vulnerabilidad. Ese dictamen también advierte que la mora contractual no convierte automáticamente a un inquilino en un intruso.
En materia de expropiaciones, la iniciativa propone que la declaración de utilidad pública sea interpretada de manera restrictiva y que identifique de forma concreta el objetivo perseguido. La indemnización deberá considerar el valor objetivo o de mercado del bien y los daños directos, mientras que el reconocimiento del lucro cesante quedará sujeto a una acreditación estricta y, como principio general, a un límite equivalente al 30% del daño emergente.
La razonabilidad y la proporcionalidad son necesarias para impedir expropiaciones arbitrarias. Pero también existe un riesgo político: que una interpretación excesivamente restrictiva de la utilidad pública debilite la capacidad del Estado para impulsar obras, infraestructura, viviendas, hospitales o proyectos estratégicos. La propiedad privada es un derecho constitucional, pero no funciona aislada del interés general ni puede convertirse en un veto permanente contra cualquier política pública.
Otro capítulo sensible es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La discusión incluye cambios en las prohibiciones para alterar el destino de superficies incendiadas, una regulación creada para evitar que el fuego sea utilizado como mecanismo de especulación inmobiliaria o expansión productiva. El proyecto mantiene restricciones durante treinta años para determinados usos en zonas agropecuarias, pastizales y matorrales, aunque el rediseño del régimen despertó cuestionamientos sobre posibles flexibilizaciones.
En provincias como Salta, donde los incendios, la presión inmobiliaria y los conflictos territoriales forman parte de una preocupación concreta, cualquier modificación debería ser tratada con extrema prudencia. Debilitar los controles posteriores a un incendio podría generar incentivos perversos: primero se quema, después se cambia el uso del suelo y finalmente aparece el negocio que antes estaba prohibido.
La sesión también estará atravesada por una controversia reglamentaria. Victoria Villarruel autorizó previamente la participación virtual de dos senadores por razones médicas, aunque esa decisión deberá ser convalidada por el pleno. La situación provocó malestar en el oficialismo conducido por Patricia Bullrich y también objeciones entre bloques dialoguistas.