Ley 8.444 bajo la lupa: plantean pasar a un seguro de retiro voluntario

La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado de Salta recibió a representantes de profesionales autoconvocados de las áreas de Nutrición y Trabajo Social, quienes plantearon su preocupación por el impacto de la Ley 8.444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta.

Durante el encuentro, los profesionales advirtieron que el sistema actual podría derivar en una situación de crisis de sustentabilidad, con aportes cada vez más difíciles de afrontar y deudas crecientes entre los matriculados. La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Dani Nolasco, y contó con la participación de senadores provinciales y representantes del sector profesional.

La Ley 8.444, vigente desde febrero de 2025, establece un sistema de seguridad social complementario para nutricionistas y trabajadores sociales, con afiliación y aportes obligatorios para los profesionales matriculados en Salta. Según se explicó, funciona bajo un esquema solidario en el que los activos sostienen a los pasivos mediante un fondo común.

En contraposición, los profesionales autoconvocados expresaron su apoyo al proyecto impulsado por los senadores Enrique Cornejo y Manuel Pailler, que propone transformar el sistema en un modelo de capitalización individual y voluntario, bajo la modalidad de seguro de retiro. La iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de afiliación para ejercer la profesión y permitir que cada profesional administre su propio ahorro previsional.

Entre los planteos realizados, la abogada Ana Inés Rosa sostuvo que, de acuerdo con estudios de viabilidad, con 1.200 afiliados y una alta tasa de morosidad, la Caja podría quebrar en un plazo de 16 años. También se indicó que la morosidad supera el 23% en el Colegio de Trabajadores Sociales y el 14% en el de Nutricionistas, con deudas individuales que en algunos casos alcanzarían los 2 millones de pesos.

Los representantes del sector señalaron además que los aportes actuales van desde los 50 mil hasta los 127 mil pesos, una carga que consideran difícil de sostener en un contexto de precarización, informalidad laboral e ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

La postura de los autoconvocados se contrapone a la manifestada días atrás por las autoridades de la Caja Interprofesional, quienes defendieron la continuidad de la Ley 8.444. Desde la entidad sostienen que se trata de un sistema solidario creado por ley provincial, cuyo objetivo es garantizar un ingreso complementario en la etapa jubilatoria de los profesionales.

Ante las diferencias planteadas, el senador Dani Nolasco anticipó que se realizará una nueva convocatoria para reunir en una misma mesa de trabajo a representantes autoconvocados, autoridades de la Caja de Seguridad Social y colegios profesionales, con el objetivo de acercar posiciones y buscar una solución consensuada.

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