Hoy en día miles de familias salteñas no la están pasando bien a causa de la crisis económica que se vive con sueldos congelados, personas que tienen que tener varios trabajos para llegar a fin de mes, pero aún así la plata no alcanza, las deudas aumentan y los créditos y tarjetas se hacen cada día más difícil de pagar.
Es por esto que el diputado provincial Omar Exeni una vez más pensando en lo que vive a diario la gente presentó un contundente proyecto de ley para declarar la emergencia social y económica por endeudamiento de consumidores financieros en la provincia de Salta.
Al respecto explicó que la iniciativa busca suspender durante un año los embargos, ejecuciones judiciales, subastas y medidas de desapoderamiento impulsadas por bancos y entidades financieras contra consumidores salteños, mientras se establece una instancia obligatoria de conciliación y refinanciación de deudas.
El proyecto nace en un contexto alarmante: según datos del Banco Central y relevamientos privados, más del 55% de las familias argentinas mantiene actualmente algún tipo de deuda bancaria, mientras que la mora en créditos y tarjetas alcanzó el 11,2%, el índice más alto de los últimos 20 años.
Además, informes recientes reflejan una situación social crítica: miles de familias ya utilizan tarjetas de crédito y préstamos para comprar alimentos, medicamentos, pagar alquileres o cubrir servicios básicos.
“Hoy hay trabajadores, jubilados y familias enteras que usan la tarjeta para poder comer. Y después terminan con embargos, cuentas bloqueadas o descuentos sobre sus sueldos. Cuando a una familia le embargan el sueldo o la cuenta bancaria en este contexto económico, muchas veces la empujan directamente debajo de la línea de pobreza”, lamentó Exeni.
Cabe mencionar que la propuesta alcanza a deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios y demás operaciones financieras celebradas con bancos y entidades crediticias. Asimismo, entre los puntos más importantes, el proyecto contempla suspensión de embargos y ejecuciones, paralización de subastas, suspensión de intereses punitorios, prohibición de nuevas afectaciones crediticias derivadas de procesos judiciales paralizados, y una instancia obligatoria de conciliación para refinanciar deudas con cuotas razonables y sin abusos financieros.