En un contexto de fuerte caída de la coparticipación, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto de austeridad que regirá durante 180 días y que apunta a reordenar las cuentas públicas con un ajuste centrado en el propio Estado. La medida, anunciada por la vocera oficial Paula Benavides, responde a la disminución de los recursos coparticipables producto de la baja del consumo, un fenómeno que impacta de lleno en las finanzas provinciales.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el recorte no se trasladará a los sectores más vulnerables y que “el ejemplo debe empezar por casa”, por lo que el foco estará puesto en el gasto político y administrativo. En esa línea, el decreto establece el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios de todos los niveles, incluyendo al gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado. A esto se suma la decisión de no incorporar nuevo personal durante el período de vigencia de la medida.
El plan de austeridad también avanza sobre gastos considerados no esenciales. Quedaron suspendidas las comisiones de servicio al exterior, salvo situaciones excepcionales o de emergencia, y se eliminaron los gastos vinculados a protocolo y cortesía. Además, se ordenó la revisión y renegociación en un plazo máximo de 60 días de todos los contratos en moneda extranjera vinculados a bienes y servicios, con el objetivo de adecuar los costos a la realidad económica actual.
En paralelo, se establecieron mayores controles sobre el funcionamiento del Estado, incluyendo la obligación de rendiciones mensuales por parte de organismos descentralizados y un seguimiento más estricto del uso del parque automotor oficial, especialmente en lo referido al consumo de combustible.
El Gobierno provincial también puso el foco en el impacto de medidas nacionales, como la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que afecta a más de 53.000 beneficiarios en Salta y representa una retracción estimada de 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local. Según se advirtió, esos fondos tenían un rol clave en el sostenimiento del consumo en comercios de cercanía, por lo que su ausencia profundiza el escenario recesivo.
A pesar del ajuste, desde la Provincia aseguraron que se mantendrán políticas sensibles como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y la asistencia a instituciones sociales. Entre los ejemplos mencionados, se destacó el acompañamiento a HIRPACE, donde el Estado cubre la totalidad de los servicios básicos, en un intento por sostener el funcionamiento de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad.
En el mismo sentido, se resaltó la presencia territorial del Estado frente a la emergencia climática, con más de 100 vuelos de asistencia aérea y la entrega de miles de módulos alimentarios, agua potable y elementos de primera necesidad en zonas afectadas, especialmente en el norte provincial. Las obras de infraestructura realizadas en el río Pilcomayo también fueron señaladas como clave para mitigar riesgos y evitar mayores daños durante las crecidas.