La situación en el Parque Nacional Los Alerces sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político, a partir de la confirmación de una investigación penal en curso para determinar la posible responsabilidad de funcionarios públicos en el manejo del incendio que ya afectó más de 35 mil hectáreas.
La causa es tramitada por la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, y busca establecer si existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público en la respuesta estatal frente al siniestro, iniciado el 9 de diciembre de 2025.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación no fue iniciada de oficio, sino que se sustenta en informes del comando de incidentes y en dos denuncias penales presentadas por particulares. La primera fue realizada el 9 de enero, cuando un grupo de vecinos solicitó que se investigue el accionar oficial ante la posible comisión de delitos ambientales y funcionales. Posteriormente, el 22 de enero, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces amplió la denuncia, incorporando figuras penales como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En su presentación, la asociación denunció un contexto de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos durante las primeras etapas del combate del incendio, lo que —según sostienen— habría agravado la magnitud del daño ambiental.
Ante este escenario, el fiscal Roldán dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Asimismo, se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina, que realizará pericias técnicas en la zona, aclarando que la investigación avanza sin interferir en las tareas de combate del fuego, que continúan activas.
En paralelo al avance judicial, la Cámara de Turismo de Chubut (CATCH) elevó un informe al presidente de la APN, Sergio Martín Álvarez, en el que solicitó la renuncia de las autoridades locales del Parque Nacional Los Alerces. Desde la entidad empresaria señalaron la existencia de errores estratégicos y omisiones que habrían agravado las consecuencias del incendio, calificando el accionar oficial como un grave incumplimiento de los deberes inherentes a la función pública.
La combinación del frente judicial y los reclamos institucionales profundiza la tensión en torno a uno de los incendios forestales más graves registrados en la región, mientras continúan las tareas para controlar el foco ígneo y evaluar el impacto ambiental total.