El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006, y que propone una reconfiguración profunda del sistema educativo argentino. Con 136 artículos, el texto introduce nuevas modalidades de enseñanza, redefine el rol del Estado, amplía la autonomía de las escuelas y ubica a la familia como protagonista central de los procesos educativos.
El proyecto mantiene la vigencia de la Ley de Educación Superior —referida al sistema universitario—, pero propone transformaciones sustanciales en la educación básica, que comprende los niveles inicial, primario y secundario. Entre sus principales puntos, la propuesta habilita formalmente el home schooling como una de las “formas alternativas de enseñanza”, sin establecer una edad mínima para su implementación. Los estudiantes que opten por la educación en casa podrán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, y también se reconocen la educación híbrida y la educación a distancia como modalidades equivalentes dentro del sistema.
Otro eje relevante es la incorporación de planes de estudio propios, elaborados por cada escuela según su ideario institucional y proyecto pedagógico. Estos convivirán con los contenidos mínimos comunes establecidos por el Estado, que seguirán funcionando como núcleo de cohesión del sistema educativo, aunque no podrán ocupar más del 75% de la carga horaria. La iniciativa también habilita a que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y por fuera del horario escolar.
El borrador redefine el papel del Estado, que pasa a tener un rol “subsidiario”, colocando a la familia como “agente natural y primario de la educación de los hijos”. La palabra “libertad” aparece 27 veces en el texto, por encima de las menciones al Estado, lo que refleja el énfasis ideológico del proyecto. En esta línea, la propuesta plantea una amplia autonomía institucional para las escuelas, quienes podrán definir su régimen de gobierno, administrar recursos, seleccionar personal, establecer criterios de admisión y diseñar sus propios planes de estudio. Para las instituciones estatales se prevé una transición progresiva hacia modelos de gestión más autónomos.
Además, la iniciativa modifica el concepto de “educación especial” y lo reemplaza por el de “alumnos con necesidades específicas”, categoría que incluye estudiantes con discapacidad, altas capacidades, educación rural, hospitalaria, intercultural bilingüe y en contexto de encierro. Se mantiene la Ley de Educación Técnico Profesional y se fortalece el sistema de evaluaciones nacionales, que pasarían a ser anuales y censales en el último año de primaria y secundaria. Los resultados podrán ser publicados por escuela, aunque sin identificar a estudiantes ni docentes.
En cuanto al calendario escolar, el borrador fija 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, cifras inferiores a las acordadas en 2024 por el Consejo Federal de Educación. Asimismo, cada institución podrá definir un calendario propio y destinar el 25% del tiempo escolar a contenidos de autonomía curricular. También se establece la obligatoriedad de enseñar la causa de la recuperación de las Islas Malvinas.
Otro cambio significativo se encuentra en el financiamiento educativo. La propuesta elimina la meta histórica del 6% del PBI destinado a educación y reconoce igualdad de acceso al financiamiento para escuelas públicas y privadas. Además de las subvenciones tradicionales, se habilita la posibilidad de asignar recursos directamente a familias y estudiantes mediante becas, vales educativos o créditos fiscales. Se crea también un sistema federal de monitoreo del gasto educativo, con evaluaciones periódicas e independientes en cada jurisdicción.
Sobre la carrera docente, el proyecto mantiene la formación inicial de cuatro años y crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. La estabilidad laboral quedará vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y el cumplimiento ético. Se prevén evaluaciones periódicas —cada cuatro años como máximo— que consideren competencias pedagógicas, metodológicas, resultados de aprendizaje y actualización profesional.
El borrador, elaborado por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, retoma y amplía ideas que habían sido planteadas en el capítulo educativo del primer proyecto de Ley Bases. Si bien aún no fue presentado formalmente en el Congreso, el texto anticipa un debate profundo sobre el futuro del sistema educativo argentino, el rol del Estado y el alcance de la autonomía escolar y familiar.