En una sesión marcada por la tensión política, la oposición en el Senado asestó este jueves un duro golpe al Gobierno libertario al desactivar el veto presidencial sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, inédita en más de 20 años, obtuvo una holgada mayoría: 63 votos a favor y apenas 7 en contra.
La norma, que vuelve a entrar en vigencia, establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus disposiciones, contempla la actualización de aranceles, la reformulación de pensiones no contributivas y compensaciones económicas para el sector.
Debate encendido en el recinto
El primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Pablo Bensusán (PJ), quien criticó duramente el veto presidencial:
“El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre poder realizarse terapias o quedar condenados al olvido”, sentenció.
Desde el oficialismo, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero justificó su aval al veto, aunque reclamó públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, un aumento en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad.
En contraste, Guadalupe Tagliaferri (PRO) remarcó que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad”, subrayando el rol del Estado en garantizar derechos.
El santacruceño José María Carambia fue más contundente: “Si el Presidente no cumple esta ley, seré el primero en presentar un juicio político. No vamos a dejar que las personas con discapacidad sigan en esta situación vergonzosa”.
Cruces y tensiones
El debate tuvo momentos de fuerte confrontación. El libertario Francisco Paoltroni (Formosa) recordó que durante 2013 hubo un aumento exponencial en la cantidad de pensiones, lo que motivó una dura réplica del jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, quien lo interrumpió con un exabrupto: “Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante”.
En el tramo final, el radical correntino Eduardo Vischi —hasta hace poco aliado del oficialismo— marcó la falta de gestión del Gobierno:
“No estaríamos discutiendo este proyecto si se hubiesen atendido las necesidades básicas de la sociedad en lugar de aplicar la motosierra de forma indiscriminada”.
Un revés histórico
La votación necesitaba 47 adhesiones y terminó con 63, un número que refleja la amplitud del acuerdo opositor, conformado por kirchneristas, radicales, macristas disidentes y provinciales. Dos legisladores estuvieron ausentes: la oficialista Vilma Bedia (La Libertad Avanza) y el chaqueño José Rodas (PJ).
La anulación de este veto representa un hecho histórico: es la primera vez en más de dos décadas que el Congreso rechaza una decisión de este tipo. Para el Gobierno, se trata de un revés político de alto impacto en un tema sensible, que vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre ajuste fiscal y políticas de inclusión social.