La reciente promulgación de una ley en el Congreso podría convertir a los grupos de autodefensa peruanos, que tienen un rol marginal en la seguridad nacional, en poderosas organizaciones paramilitares lideradas por delincuentes, según advirtieron expertos y el propio Gobierno.
El exministro del Interior Rubén Vargas, uno de los mayores expertos en el tema en Perú, dijo que, al promulgar la ley, los congresistas no tuvieron en cuenta que muchos Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), que ahora estarán en el sistema de seguridad ciudadana, operan en zonas con fuerte presencia del narcotráfico y la minería ilegal.
«¿A dónde creen que van a apuntar las armas de los CAD? Es absolutamente peligroso, están jugando con fuego”, señaló Vargas, para quien la ley convertirá a esos comités en grupos paramilitares y parapoliciales de difícil control.
El Congreso promulgó la semana pasada la ley por insistencia, después de que el Gobierno se negara a ratificarla.
Según la disposición, el ingreso de esos grupos en el sistema de seguridad implica, entre otras cosas, que podrán recibir armamento, no solo del Estado, sino también de particulares.
“Como pueden recibir armas del Gobierno, de donaciones, o de cualquiera, entonces los narcotraficantes pueden armar su comité de autodefensa y hacer su organización militar para enfrentar (al Estado) y tener control sobre el territorio. Eso es muy peligroso”, reaccionó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.
“Esta ley está tratando que haya comités de autodefensa en cualquier sitio, esté o no dentro del estado de emergencia, en cualquier parte del Perú”, añadió Gavidia, un contralmirante en retiro que no indicó, sin embargo, qué acciones podría tomar el Gobierno para contrarrestar la norma.
Según denuncias de los medios, el Congreso, que registra más de 80 % de rechazo popular y estuvo involucrado en polémicas decisiones en diferentes áreas, aprobó la ley sin adecuados estudios, consultas ni debates, mientras que el Ejecutivo no mostró mucha energía para enfrentarla.
Con el instrumento, los CAD quedarán facultados para, entre otras actividades, desarrollar acciones de prevención contra la delincuencia común, el narcotráfico y el terrorismo, denunciar la corrupción y los delitos flagrantes y apoyar en la recuperación de bienes robados, armas ilegales, tierras usurpadas, drogas o insumos químicos.
Asimismo, podrán desactivar pandillas, asumir la defensa de los derechos humanos de la familia, elaborar reglamentos internos y participar en patrullajes junto a los militares o los policías, mientras que tendrán derecho a recibir capacitación militar, contar con personería jurídica y subvenciones y tener asesoría en caso de denuncias por derechos humanos.
Para la exministra de Defensa Nuria Esparch, “el Congreso está extendiendo el monopolio de la violencia más allá de las Fuerzas Militares y la Policía”. “(La ley) no solo reconoce los Comités de Autodefensa existentes, sino que en el fondo autoriza a que haya más”, criticó.